En 1978 se aprueba la nueva constitución española.
34 años más tarde, parece haber consenso en que:
- La administración pública es pesada, ineficiente y excesiva. En ocasiones, algunas responsabilidades públicas están replicadas en las administraciones estatal, autonómica, y municipal; es decir, se encuentra triplicada.
- No quedan claras las funciones del Senado y parece un órgano prescindible, además de caro de mantener y perfecto para la praxis del clientelismo, hoy de unos, mañana de los otros.
- Las diputaciones provinciales carecen de sentido con la nueva organización territorial establecida en la constitución.
- Hay demasiados ayuntamientos y, como consecuencia, hay municipios con una dimensión que no justifica la existencia de una administración propia y su coste es demasiado elevado para ser costeado por sus escasos ciudadanos. Hay que fusionar ayuntamientos.
- Todas las administraciones presentan un nivel de “clientelismo” excesivo, demasiados “cargos de confianza” sin responsabilidades definidas.
- El estatuto del empleado público (los funcionarios, para entendernos) es un antídoto para la productividad y la eficiencia de la administración.
- De las 17 comunidades autónomas, sólo 4 no disponen de TV autonómica propia, y varias de ellas disponen de más de un canal de emisión; y aparte de su dudoso carácter público, todos son deficitarios, muy deficitarios.
- La eficiencia de la investigación pública en España, con un presupuesto nada desdeñable, es cuestionado sistemáticamente, y sus resultados parecen más que dudosos.
- etc., etc., etc.
¡¡¡33 años más tarde!!!
¿Podría alguien aventurarse en predecir CUÁNDO se habrán resuelto estos “problemillas”?
¿Realmente pensamos, creamos, resolvemos,…?
¿Hacemos algo?
¿HACEN ALGO?
¿Por qué les votamos?
¿Qué extraña locura nos lleva a entregarles nuestro voto?
abap